La acción legal emprendida por JZ International, una firma de capital privado, contra Gedesco y sus directivos ha marcado un nuevo episodio en el entramado judicial valenciano. La demanda, centrada en la administración y operaciones financieras de la empresa valenciana, ha sido aceptada a trámite por Víctor Gómez, el juez del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. Este paso inicial busca investigar la supuesta estafa y otros delitos señalados contra los cinco miembros del consejo de administración de Gedesco, aparte de valorar la oportunidad de denominar una administración judicial para la compañía, especializada en la financiación de pymes.

La querella, impulsada por JZI, quien tiene el 675% de Gedesco, acusa a los administradores de la empresa, incluidos sus fundadores Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, junto con exdirectivos del fondo y otros implicados, de desviar fondos significativos hacia entidades con intereses personales. Este presunto mal manejo financiero ha provocado una compleja batalla legal que no solo implica el campo nacional con métodos en Valencia y Madrid sino que asimismo trasciende fronteras hacia Novedosa York, patentizando la magnitud del conflicto entre el capital privado estadounidense y la gestión interna de Gedesco.

El fondo estadounidense argumenta que las operaciones cuestionadas y la administración del consejo de administración de Gedesco han obstruido sus derechos como accionista mayoritario, destacando un patrón de decisiones opacas y la transferencia de fondos hacia empresas relacionadas con los directivos. Esta situación ha llevado a Información adicional JZI a pedir reiteradamente la convocatoria de una Junta de Accionistas para emprender estas intranquilidades, si bien sin éxito.

Los delitos encausados engloban desde la administración desleal y apropiación indebida hasta la falsedad en archivo mercantil y estafa, delineando un escenario de enfrentamientos internos y maniobras controvertibles. Además, la respuesta de los fundadores de Gedesco a las acusaciones de JZI generó múltiples frentes judiciales, introduciendo querellas contra los socios fundadores de JZ International por supuestas irregularidades en otras operaciones financieras.

La decisión del juez Gómez de seguir con la investigación resalta la gravedad de las acusaciones y sienta las bases para un desarrollo que podría modificar intensamente la composición y operaciones de Gedesco. Hasta entonces, las autoridades judiciales en La capital española y Valencia, así como en Nueva York, prosiguen desenredando este complejo entramado de acusaciones y defensas, en un caso que expone los retos de la gobernanza corporativa y la inversión de capital privado en el contexto global actual..